Mientras el país debate el futuro político y energético, una serie de documentos filtrados y registros empresariales apunta a una trama de contratos y negociaciones que conecta directamente al círculo de poder del Presidente Gustavo Petro con el régimen de Nicolás Maduro.
El eje: la importación de gas desde Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte, infraestructura olvidada durante años y ahora resucitada en medio de una “crisis energética local”.
El plan ha sido promovido desde altos niveles del Gobierno Colombiano, en particular por el Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa —exgerente de campaña de Petro— y su pareja, Julián Caicedo Cano, quien lidera la empresa Cano Caicedo SAS, registrada originalmente en el Huila y vinculada desde hace años con PDVSA, la estatal venezolana de petróleo y gas, del actual régimen venezolano.
Una reciente alerta de la Contraloría General de la República advierte que Colombia se encuentra al borde de una crisis energética estructural. Según el último informe de reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el país está reponiendo apenas una fracción mínima del gas y petróleo que consume: por cada 100 barriles de crudo extraídos, solo se descubre uno nuevo, y en gas, por cada 10 moléculas extraídas, solo se incorpora una. Las reservas probadas de gas natural cayeron un 13 %, reduciendo el horizonte de autosuficiencia a menos de seis años.
Este deterioro progresivo, agravado por la falta de nuevos descubrimientos y la dependencia de reevaluaciones sobre campos ya conocidos, pone en entredicho la viabilidad de la política energética actual; de no tomarse medidas urgentes, Colombia enfrentará en 2026 un déficit crítico de gas que podría forzar importaciones permanentes y vulnerar aún más su soberanía energética.
Desde al menos 2020, Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa, actual Presidente de Ecopetrol, ha sido contratista regular de PDVSA. Uno de los primeros contratos (procedimiento A-044-20-0004) autorizaba a esta empresa a realizar fiscalización de crudo y gas, incluyendo análisis técnicos de muestras (gravedad API, contenido de azufre, % de agua y sedimentos) y su transporte a laboratorios especializados. Estas operaciones se llevaban a cabo desde su sede en Maracaibo, bajo la vigilancia del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos.
Pero el verdadero salto ocurrió en 2024, cuando Ana Quijada, funcionaria de la División Oriente de PDVSA, aprobó un nuevo contrato (procedimiento A-163-24-02690986) para el “manejo del gas”. Este acuerdo incluye el desalojo de líquidos en la estación Slug Catcher San Joaquín, en Anaco, punto de salida del gas hacia Colombia. La firma de este contrato fue confirmada por correo a Julián Caicedo Cano el 17 de septiembre de 2024, usando su cuenta corporativa de Ecopetrol.
El contrato de Julian Caicedo Cano con PDVSA: ¿Qué es una planta Slug Catcher?
Un slug catcher es una especie de “filtro gigante” instalado al inicio de los gasoductos que sirve para atrapar y separar los líquidos (como agua o petróleo) que vienen mezclados con el gas natural cuando este sale del subsuelo. Sin este sistema, esos líquidos podrían dañar los equipos o hacer que el gasoducto funcione mal. Es una estructura clave para evitar accidentes y garantizar que el gas llegue limpio y estable a su destino.
La estrategia del desabastecimiento: el rol oculto de Canacol
En Colombia, la crisis energética del Caribe —agravada por informes falsos de reservas presentados por la empresa Canadiense Canacol Energy y los retrasos en las consultas indígenas necesarias para construir un nuevo gasoducto interno— abrió la puerta a la importación masiva de gas venezolano a partir de 2025. La estrategia fue impulsada directamente desde la presidencia de Ecopetrol, bajo el mando de Ricardo Roa, quien fue reciente respaldado por la junta directiva.
Actualmente, Canacol está en proceso judicial por la presunta estafa a más de 60 contratistas de la misma por falta de pagos a proveedores, y las 116 consultas previas que deben realizarse en el caribe a poblaciones indígenas para la construcción de un gasoducto desde el mar hasta Colombia.
La empresa fantasma
La relación entre Roa y Cano Caicedo no es solo personal. En el leak de los documentos del borrador preparan matricular una empresa colombiana en Venezuela. La empresa utilizada seria “Caicedo Cano Ingeniería Col SAS“, de acuerdo al Registro Único Empresarial (RUES), la matricula sigue vigente y fue representada por Laura Daniela Caicedo Burgos y Edgar Eliecer Caicedo Cano, familiares de Julián. Su nombre pasaría a ser Cano Caicedo SAS una vez quede registrada en Caracas.
En el borrador aparece que fueron enviados documentos de inscripción en la Cámara de Comercio de Caracas en 2021. Actualmente, se encuentran realizando cambios internos para que figure Caicedo Cano como accionista principal y Roa como suplente en la junta directiva. Como accionistas están Tatiana Vargas Gómez y Héctor Obregón, Presidente de PDVSA, como representante estatal estará Carlos Eduardo Canelón Moran, designado como Viceministro de Refinación y Petroquímica de Venezuela en septiembre de 2024.
Inicialmente en los registros del RUES de Caicedo Cano Ingenieria Col SAS, figura inicialmente matriculada en 2018 en Neiva, Huila, y su último año de renovación fue en 2019. La empresa fue registrada con $5’000.000 millones de pesos, es decir, $1200 dólares aproximadamente, para prestar servicios de construcción de obras de ingeniería civil, servicio público, edificios y transporte.
Posteriormente, la Cámara de Comercio notificó que la empresa había entrado en proceso de liquidación y que los documentos serían migrados. Sin embargo, no se especificó a qué jurisdicción fueron trasladados ni bajo qué nueva razón social opera.
Lo que resulta aún más preocupante es que, pese a estar en liquidación, su matrícula mercantil continúa activa, lo que le permite suscribir contratos con el Estado y operar como si estuviera en plena vigencia. Una irregularidad administrativa que parece diseñada para facilitar su uso como vehículo empresarial en operaciones internacionales.
Contrato borrador
Red de junta Directiva de Cano Caicedo S.A.S.
Julián Caicedo Cano no solo tiene vínculos con el Gobierno Venezolano. En su junta directiva de “Cano Caicedo SAS” figuran personajes como Julio García Zerpa, actual Ministro de Servicios Penitenciarios en Venezuela, y señalado por su cercanía al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y al grupo criminal Tren de Aragua. También aparece Tatiana Vargas Gómez, hija de un importante financiador de Colombia Humana, y el propio Ricardo Roa. Las conexiones políticas, empresariales y familiares muestran una estructura diseñada para operar al margen de controles institucionales y facilitar la circulación de contratos, licencias y recursos.
¿Por qué lo hacen por medio de una empresa privada? La red empresarial para esquivar a Estados Unidos
Al consultar con fuentes oficiales que pertenecieron al Ministerio de Minas y Energías en los anteriores gobiernos, explicaron que “La estrategia de importar gas desde Venezuela hacia Colombia no puede hacerse directamente entre ambos gobiernos porque PDVSA, la petrolera estatal venezolana, está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos“. Esto significa que cualquier trato directo entre PDVSA y entidades oficiales colombianas podría violar regulaciones internacionales y exponer a Colombia a sanciones económicas.
Para esquivar este obstáculo, el negocio debe canalizarse a través de una empresa privada colombiana con sede en Venezuela, que sirva como intermediaria. De esa forma, el Gobierno Colombiano se mantiene formalmente al margen del trato directo con una entidad sancionada, mientras la operación comercial se maquilla como una transacción privada entre compañías.
Árbol de influencia institucional de Ricardo Roa, Julián Caicedo y Jorge Carrillo
La primera advertencia de la “falsa crisis del gas”
Durante la primera semana de la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, realizada en Cartagena en 2024, el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia Sepúlveda, lanzó una poderosa advertencia que podría sacudir los cimientos del mercado: “¡hay quienes están acaparando contratos de gas!”. Esta peligrosa maniobra no solo pone en jaque a la competencia, sino que amenaza la disponibilidad de este recurso vital para sectores esenciales.
¿Estamos ante una crisis inminente que podría dejar a miles sin acceso a la energía que necesitan para sobrevivir?
Hoy, con Donald Trump de nuevo en la presidencia de EE.UU, la situación es aún más tensa: una nueva orden ejecutiva establece aranceles del 25% para cualquier país que importe petróleo o gas desde Venezuela.
Un informe de Control Risks advirtió a Ecopetrol sobre el riesgo que representaba la pareja de Roa para el presidente de la empresa, dado que, como reveló La Silla Vacía, había tenido contratos simultáneos con varias entidades estatales en Colombia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sido consultada varias veces por Colombia para autorizar negocios con PDVSA. Nunca hubo respuesta afirmativa.
Como dato importante, Tatiana Vargas Gómez, es ademas hija de Santiago Vargas Ramos, financiador de la campaña Petro Presidente y socia de Ricardo Roa y su pareja Julián Cano Caicedo en la empresa WindSun Energy matriculada en la Florida.
A pesar de todo, el Gobierno Petro sigue insistiendo en importar gas. El Exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, lo descartó en su momento, calificándolo como inviable técnica, política y financieramente. Pero el plan resiste.
Concentración de poder en empresas clave del sector hidrocarburos
Las gestiones con PDVSA continúan en secreto. Medios y fuentes parlamentarias han revelado reuniones y tratativas reservadas para reactivar los despachos en diciembre 2025, una jugada que, según expertos, no solo desafía a EE.UU., sino que podría romper los equilibrios diplomáticos con uno de los principales aliados estratégicos de Colombia.
La operación no es simplemente una transacción comercial, se trata de inyectar recursos a dos regímenes autoritarios: uno consolidado en Caracas y otro en proceso de construcción en Bogotá. La anunciada Asamblea Constituyente que promueve Petro —como mecanismo para reformar el Estado— recuerda peligrosamente el modelo que Hugo Chávez utilizó en 1999 y que Maduro replicó en 2017 para desmantelar el poder legislativo. Cada contrato de gas, cada ajuste de infraestructura, cada empresa de papel activa bajo liquidación, es una pieza más en un andamiaje para blindar un proyecto de concentración de poder que avanza bajo el ropaje de la legalidad.
Como parte de un ajedrez la estrategia estaría siendo impulsada por la empresa colombo-venezolana CANACOL.
La crisis del gas
En el marco del cronograma de comercialización de gas natural para 2024, las negociaciones directas de largo plazo comenzaron el 29 de agosto, y los contratos derivados de estas, debieron registrarse ante el Gestor del Mercado antes del 18 de octubre. Sin embargo, el Gestor del Mercado informó que durante el periodo fijado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) —conforme al artículo 22 de la resolución 186 de 2020— no se registraron contratos de largo plazo para los principales campos de gas.
Recientemente, el Ministerio de Minas y Energía abrió una investigación contra Canacol Energy y otras compañías por presuntas irregularidades en la declaración de gas al mercado. Según reportó La República, la empresa canadiense habría informado un valor superior en sus reportes iniciales en comparación con lo consignado en los contratos definitivos.
Javier Campillo, Exviceministro de Minas y Energía de Colombia, declaró a Valora Analitik que actualmente están revisando a Canacol Energy y otras empresas, enfatizando que en Colombia los productores de gas son responsables de reportar sus capacidades ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Según el Exviceministro, esto implica que las necesidades de contratos de suministro en firme para 2025 se estiman en unos 120 Gbtud y en 350 Gbtud para 2026, lo que representa un déficit del 12% y 30% de la demanda proyectada para esos años, respectivamente.
Campillo señaló que Canacol Energy reportó un volumen de entrega superior en su declaración de producción al que luego estableció en sus contratos, generando un desbalance en el sistema al contar con gas que finalmente no se suministró.
Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, afirmó recientemente que la demanda nacional de gas creó grandes expectativas en 2023 cuando Canacol proyectó una capacidad de producción de 231 Gbtud para 2025 y 2026. No obstante, en 2024, la empresa ajustó su proyección a 158 Gbtud, lo que representa una reducción de 73 Gbtud. Roa subrayó que recuperar estos volúmenes de producción es crucial para equilibrar las necesidades de gas a nivel nacional.
La demanda contra Canacol. Mentiras, contratos y millones de dólares en juego
El Ministerio de Minas y Energía ha iniciado una investigación contra Canacol Energy y otras compañías del sector por presuntamente presentar reportes inexactos al mercado. Según las autoridades, estas empresas habrían declarado una cantidad de gas superior a la realmente disponible en sus pozos, lo cual afecta la planificación de reservas. Javier Campillo, Exviceministro de Minas y Energía, explicó a Valora Analitik que se están revisando estos reportes, ya que las empresas son responsables de declarar sus reservas ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y la información proporcionada es crucial para conocer las reservas actuales de gas.
Campillo también señaló que Canacol Energy reportó inicialmente un volumen superior al que finalmente se formalizó en contratos, afectando así el sistema y los cálculos del Gobierno Colombiano. La empresa, por su parte, anunció que este año revisó su programa de capital, destinando 138 millones de dólares a la perforación de 11 pozos, de los cuales cinco son de exploración y seis de desarrollo y evaluación.
Paralelamente, Caracol Radio informó que la Fiscalía abrió una investigación contra directivos de Canacol Energy y de Petropolar Sucursal Colombia por presunta estafa, una operación que afecta a unas 60 empresas colombianas y que suma un valor estimado de 60 mil millones de pesos. La indagación, liderada por la Unidad de Fe Pública y Orden Económico, apunta a las actividades de Andrés Valenzuela Pachón, representante legal de Canacol Energy, y Paola Osma Pinzón, administradora del contrato, así como de los representantes legales de Petropolar, Dimtrii Korchagin y Anton Yakovlev.
En 2022, Canacol Energy firmó un contrato con Petropolar para la exploración y operación de 12 pozos de gas en Sucre, Córdoba y Magdalena, con un valor pactado de 57.5 millones de dólares. Sin embargo, se alega que Petropolar subcontrató a cerca de 60 empresas colombianas y posteriormente incumplió los pagos a estos proveedores.
La abogada Constanza González denunció la situación ante la Fiscalía, señalando que se utilizó a Petropolar como una “empresa fantasma” que dejó deudas a las compañías subcontratadas y a sus empleados, afectando incluso sus obligaciones fiscales con la DIAN.
Entre las pruebas documentadas en las actas de finalización de operaciones, se incluyen las actividades en pozos como “Dividivi-1” en Magdalena, finalizadas el 8 de enero de 2023, y “Saxofón-1” en Córdoba, concluidas el 28 de enero de 2023, en las cuales constan las labores de perforación, completamiento y producción. Asimismo, el pozo “Clarinete-8” en Sucre finalizó operaciones el 30 de junio de 2023.
Todas las actas fueron firmadas por Canacol Energy y Petropolar, pero hasta el momento no se han cumplido los pagos a los contratistas y empleados, exacerbando la situación financiera de las empresas colombianas afectadas.
La continuidad del gobierno de Maduro, dependerá de los dineros girados o no, desde Colombia entre 2025 y 2026 a través del gas.
Pese a la magnitud del negocio energético entre Colombia y Venezuela, y a la red de contratistas involucrados -entre ellos empresas como Cano Caicedo SAS, con vínculos con PDVSA, Ecopetrol y compañías del sector de hidrocarburos-, el proceso de contratación y negociación se mantiene fuera del escrutinio público. No aparece publicado en el SECOP o página web de acceso público datos.gov.co o datos abiertos. Esto vulnera derechos fundamentales como el derecho a la información, la libertad de expresión y el ejercicio de libre periodismo.
